- Seguridad: Un plan con carga política 05/02/12
El Gobierno presentó a fines del año pasado su Plan de Seguridad Integral. Junto a este documento, se entregó las agendas de la Política de Defensa; de Justicia, Derechos Humanos y Cultos; de Gestión de Riesgos; de Seguridad Vial; de Política Exterior, del Plan Ecuador; de la Seguridad Ciudadana, y de Inteligencia. Dos expertos en seguridad y en inteligencia consideran que hay varios vacíos en la propuesta y dudan de la efectividad para combatir problemas como el crimen organizado, la inseguridad y la delincuencia. Pero la preocupación mayúscula que señalan es el uso político que se pueda hacer a una de las herramientas clave del sistema: la inteligencia. Más aún cuando hay casos de denuncias públicas sobre supuestas investigaciones sin autorización fiscal. El documento del Gobierno también devuelve a las FFAA su papel de garante del ordenamiento jurídico y democrático del Estado.
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| Veinte y dos de noviembre: la Policía desmanteló un laboratorio de procesamiento de droga en Pallatanga; 24 de noviembre: descubren otro laboratorio en Sabanilla (Guayas); 21 de noviembre: en Cotopaxi, fueron halladas y destruidas 12 mil plantas de amapola (base de la morfina y la heroína), que estaban sembradas en cinco hectáreas de terreno; 11 de junio: dos ciudadanos murieron en el norte de Quito, cuando fueron abaleados por presuntos sicarios...
Noticias como estas aparecen a diario en los medios de comunicación, privados y estatales, que retratan parte de los problemas de inseguridad del país desde hace cuatro años.
A esto, se suman declaraciones e informes que se han presentado en estos años. Esos son los casos del relator de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, respecto a las 700 bandas criminales que operarían en el Ecuador (2010). O la declaración de Jay Bregman, jefe de la DEA para la región Andina, respecto a que el Ecuador se está convirtiendo en las Naciones Unidas del crimen organizado (2011).
Aunque las cifras oficiales hablan de un declive de los siete delitos más comunes (ver gráficos), no pasa desapercibido el surgimiento de otras modalidades delictivas, como el sicariato o el secuestro express, entre otras.
Frente a ello, el Gobierno ha impulsado una serie de medidas; entre otras, el equipamiento de la Policía Nacional, reformas legales como la Ley de Seguridad Pública, el proyecto de Código de Entidades de Seguridad Ciudadana, el proyecto de Código Integral Penal, la reestructuración de los organismos de inteligencia y, a mediados de diciembre pasado, presentó su plan y agenda de seguridad integral.
La propuesta incluye únicamente a los ministerios de Defensa, Relaciones Exteriores, Justicia e Interior, Secretaría de Gestión de Riesgos, Plan Ecuador, Agencia Nacional de Tránsito, Secretaría Nacional de Inteligencia (Senaín) y como ente coordinador, el Ministerio de Seguridad Interna y Externa.
Tiene seis objetivos (ver pág. 11) y 14 políticas, que incluyen, entre otras, mejorar la efectividad del sistema de justicia, fomentar la legitimidad democrática, promover la institucionalidad democrática, generar un modelo eficiente de seguridad ciudadana, prevenir y enfrentar desastres naturales.
Para lograr lo anterior, plantea 69 estrategias: implementar a escala nacional un sistema interinstitucional para enfrentar el crimen organizado, impulsar acciones especializadas a escala local y con apoyo de la cooperación internacional para la lucha contra el crimen organizado, transparentar los gastos de defensa, etc.
Desde la óptica del Gobierno, según consta en el prólogo del Plan Nacional de Seguridad, en la página 9, firmado por el ministro de Seguridad, Homero Arellano, "la revolución ciudadana ha iniciado un cambio de época en sus estructuras institucionales (...); el Plan Nacional de Seguridad Integral refleja la multicausalidad del problema de la inseguridad, su análisis y ejecución multidisciplinaria, con un nuevo enfoque (...) desde una visión integral, participativa, transversal, que va más allá de un criterio policial y militar que daba énfasis exclusivo a la defensa de la soberanía nacional; traspasa el absurdo moralista de la criminalización de la pobreza; sobrepasa el anterior marco de acción policial, direccionando a una capacidad reactiva, con olvido de lo preventivo y la inclusión de la comunidad".
Ese mismo documento señala que desde el Ministerio de Seguridad "se delinean políticas que articulan integral y transversalmente a los subsistemas del sector; aplican el concepto internacional de Seguridad Humana, contenido en los principios de la Constitución y contextualizado en el Plan Nacional de Seguridad, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo".
La mutación de la inteligencia. La Inteligencia, antes de 2007, consistía en recopilar información de todos los estamentos de la sociedad e identificar los problemas más sensibles. Si era necesario, se concentraban sobre ellos todos los esfuerzos de los equipos de trabajo, cuenta un oficial de esta rama que pidió la reserva de su identidad.
Las comunidades de inteligencia estaban agrupadas en la Dirección de Inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, mientras que en la Policía, la Dirección General de Inteligencia (DGI) era el máximo organismo de investigaciones que estaba bajo el mando del comandante de Policía, quien recibía disposiciones del ministro de Gobierno (Interior).
El trabajo estaba divido en frentes externo, que se encargaba de amenazas como espionaje, y el interno, que atendía campos como trabajadores, subversivo, estudiantil, político y contrainteligencia. En esta última, se trabajaba en operaciones de contraespionaje, contrasabotaje y contrasubversión.
Ahora, los subsistemas militar y policial son parte de la Senaín, que coordina acciones con la Presidencia y el Ministerio de Seguridad directamente, y que realiza actividades operativas, según dice el gráfico de la página 19 de la Agenda Nacional de Inteligencia. A ello, se suma la independencia con la que supuestamente han actuado ciertos funcionarios de Estado (supuestas investigaciones sin orden judicial), y la puerta que abre el proyecto de Código Integral Penal (ver notas inferiores pág. 11).
No obstante, la Senaín debería ser una institución de análisis y responsable de emitir las políticas que se aplicarán en esa área.
FUERZAS ARMADAS. La base legal del Plan Nacional Integral de Seguridad es amplia. Se fundamenta en la Constitución, el Código Orgánico de Organización Territorial, Ley Orgánica de la Policía, Ley de Seguridad Pública, Ley Orgánica de la Defensa, el Acuerdo Ministerial 1845 y el Plan Nacional del Buen Vivir.
Uno de los artículos clave es el 158 de la Carta Magna, donde se establece que "las Fuerzas Armadas y la Policía son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos". Otro es el art. 2, literal c de la Ley de Defensa: Las Fuerzas Armadas tienen como misión: "Garantizar el ordenamiento jurídico y democrático del Estado social de derecho".
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- Faltan acciones contra crimen 05/02/12
Objetivos y estrategias de la iniciativa gubernamental, a decir de Pazmiño, no son acordes. Hay riesgo de adoctrinar a la fuerza pública
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| El Plan de Seguridad Integral del Gobierno está orientado a una defensa gubernamental, a una visión política de la seguridad. Esa es una de las conclusiones a las que llegaron dos exjefes de Inteligencia con quienes conversó este suplemento, respecto hacia dónde apunta la política de seguridad del Régimen.
El coronel (r) Mario Pazmiño, exjefe de Inteligencia del Ejército, y el mayor (r) Manuel Silva, exjefe de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía (Uies), coincidieron en que hay varios aspectos en la propuesta que llaman la atención y que el Gobierno debería explicar en detalle.
Silva, por ejemplo, puntualizó que en la introducción del plan, se parte desde una visión ideológica de izquierda. En la pág. 12 se dice: "Los Estados Unidos consideraron que la finalidad de la Doctrina de Seguridad Nacional era el combate a la amenaza comunista, la cual constituía la causa primordial de la inestabilidad política y la principal amenaza a la seguridad de todos los países del Hermisferio. Por ello, los EEUU desarrollaron varios mecanismos y estrategias para contrarrestar la subversión y la insurgencia que se fraguaba en los países latinoamericanos...". "El Ecuador estuvo inmerso en este proceso... Las consecuencias fueron violaciones de los derechos humanos, la desprofesionalización militar y la politización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en defensa de intereses de los grupos del poder".
Lo que no se dice, aseguró el oficial en servicio pasivo, es que la seguridad del país fue concebida con base en la Convención de Viena de 1990 (sobre las drogas) y en las nuevas amenazas que surgieron tras el 11 de septiembre, que incluyó el terrorismo y su financiamiento.
Pazmiño, en cambio, resaltó que los objetivos y las estrategias del Plan Nacional de Seguridad Integral no son compatibles, pues el primero de aquellos señala que se busca "prevenir, combatir y controlar la criminalidad y la violencia en la sociedad". El problema no se soluciona internamente, porque el crimen organizado debe ser enfrentado internacionalmente, esos delitos vienen desde otros países, y hace falta una política regional.
Con relación al primer objetivo, la estrategia 11 señala que se buscará "generar mecanismos para la regulación del libre ejercicio de cultos"; esto es grave ya que se ejercerá control sobre los cultos que hay en el Ecuador, y ¿cómo ayuda a solucionar esta estrategia el tema del terrorismo, el narcotráfico y otros delitos?, se pregunta el oficial.
En cuanto al segundo objetivo, "garantizar la soberanía y la integridad territorial, la convivencia pacífica y contribuir al desarrollo nacional", la estrategia 24 dice: "Transparentar los gastos de defensa, de acuerdo con la metodología aprobada por el Consejo de Seguridad Sudamericano". Pazmiño teme que esta estrategia no se pueda cumplir, por los antecedentes que se han dado en ocasiones anteriores en los que el ministerio del ramo se ha negado a dar información sobre compra de equipos de defensa.
El oficial dice que el Plan de Seguridad Nacional esta orientado a vincular "a las Fuerzas Armadas y la Policía a un proceso que adoctrinará a los uniformados para que sirvan de sustento del socialismo del siglo XXI".
Silva agrega otro elemento: la lucha contra la corrupción. Para él, es un elemento fundamental en la seguridad y para enfrentar problemas como el crimen organizado. El dinero proveniente de esa actividad no solo es para corromper fuerza pública, sino a jueces, fiscales, autoridades políticas de todo nivel. De ahí que se requeriría una iniciativa que ayude a afrontar este fenómeno para garantizar la seguridad.
Los objetivos nacionales permanentes de 2002 y los objetivos del plan nacional de seguridad integral 2011
Según el Libro Blanco de Defensa, que constituía la política en esta área en 2002, había siete objetivos nacionales: integridad territorial, soberanía nacional, integración nacional, democracia, desarrollo integral sustentable, justicia social y seguridad.
El plan nacional de Seguridad Integral, presentado en 2011, tiene seis objetivos: prevenir, combatir y controlar la criminalidad y la violencia en la sociedad; garantizar la soberanía y la integridad territorial, la convivencia pacífica y contribuir al desarrollo nacional.
Además, fortalecer la presencia del Estado en todo el territorio; reducir la vulnerabilidad de las personas, colectividad y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural y/o antrópicos.
Impulsar la investigación científica y la tecnología para la seguridad, y profundizar la democracia para la seguridad y la convivencia pacífica.
En la constitución, en el art. 3, se señala como deberes del Estado: garantizar el goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los acuerdos internacionales; garantizar y defender la soberanía nacional, fortalecer la unidad nacional en la diversidad, garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico.
Consta planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir. Promover el desarrollo equitativo y solidario del país; proteger el patrimonio natural y cultural y garantizar a sus habitantes una cultura de paz y seguridad integral.
Los objetivos del plan de Seguridad Integral se sustentan en el Plan del Buen Vivir.
Inteligencia serviría para sostener al régimen de turno ... Ver mas
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- Inteligencia serviría para sostener al régimen de turno 05/02/12
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| Los nuevos organismos de inteligencia, cuya cabeza coordinadora es la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senaín), trabajan para cumplir las disposiciones que emanan del poder político (presidente y ministro de Seguridad), cosa que antes no sucedía. Así lo sostuvo el exdirector de Inteligencia del Ejército Mario Pazmiño.
Según señala, como miembros de inteligencia, ellos emitían informes que describían las amenazas que podían afectar la estabilidad democrática y del Estado (no del gobierno), para que el poder político tome decisiones. El trabajo era para garantizar el cumplimiento de los objetivos nacionales permanentes.
No obstante, esto cambiaría. En la página 17 del cuadernillo de la Agenda Nacional de Inteligencia, se establece como misión institucional de la Senaín: "Producir y patrocinar inteligencia políticoestratégica en forma permanente y oportuna para el nivel de decisión político, con el fin de prevenir y enfrentar los riesgos y amenazas que atenten contra la seguridad pública y del Estado, los intereses nacionales del Estado de derecho y sus instituciones".
Para esto, se respaldan en lo que establece la Constitución y la Ley de Seguridad Pública que avaló la creación de la Senaín (que fue constituida previamente vía Decreto Ejecutivo), y en la que se determina que será el presidente de la República el que designe al director de esa entidad. Desde su creación, la Senaín no ha tenido al frente a un especialista en el área de inteligencia y contrainteligencia. Actualmente, el cargo está en manos del hermano del canciller.
Raúl Patiño fue posesionado el 10 de noviembre de 2011, en reemplazo de Luis Yépez. Antes, estuvo Homero Arellano, actual ministro de Seguridad Interna y Externa, y el primero en ejercer esa Secretaría fue Francisco Jijón.
De acuerdo con la estructura y las leyes que rigen, la Senaín rinde cuentas al presidente, quien aprueba las políticas que se tomarán en el área de inteligencia.
A criterio de Manuel Silva, exdirector de la Unidad de Investigaciones Especiales (Uies) de la Policía, esto no es correcto porque el trabajo de inteligencia debe ser técnico e independiente y contar con autorización legal. En las investigaciones, pueden resultar involucrados funcionarios públicos, como ocurrió en el caso "Huracán de la Frontera", sostuvo.
Silva pidió que en la Agenda se defina qué es "inteligencia pública", porque se infiere que existe otra privada; cuestionó que se manejen ideas como "fomentar una cultura de inteligencia en las instituciones del Estado", como consta en ese documento, porque se puede entender que se va a espiar en las entidades, y que no se debe buscar "la preservación del régimen político", sino estabilidad de la democracia.
Investigación civil espera luz verde del Legislativo ... Ver mas
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- Investigación civil espera luz verde del Legislativo 05/02/12
De aprobarse el proyecto de Código Orgánico de Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, que fue presentado el 30 de septiembre por el ministro del Interior, José Serrano, la investigación de la infracción no sería solo potestad de la Fiscalía.
La Constitución de Montecristi, vigente desde 2008, señala en el artículo 195: "La Fiscalía dirigirá de oficio o a petición de parte la investigación preprocesal y procesal penal, durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito, acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal...".
"Para cumplir con sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, que incluirá un personal de investigación civil y policial; dirigirá el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso penal, y cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la Ley", dice la disposición.
En el proyecto de Código de Entidades de Seguridad Ciudadana, aunque se reconoce en principio la potestad exclusiva de la Fiscalía en el campo investigativo, cuando describe la misión (artículo 139) del Servicio, dice: "Intervenir en el subsistema de la Investigación de la Infracción para investigar el cometimiento de la misma. La investigación en el caso concreto la realizará bajo la Dirección Jurídica de la Fiscalía. Sin perjuicio de las actuaciones que en virtud de la ley le corresponde realizar, sin que exista una instrucción particular de la Fiscalía".
Esta parece ser la página que cierra una larga disputa que protagonizaron el ministro Serrano y el ex fiscal general Washington Pesántez, quien rechazó las intenciones del primero de formar cuerpos paralelos de investigación civil del delito.
En abril de 2010, el Gobierno anunciaba la creación de cuerpos civiles de investigadores, y según declaraciones del fiscal Pesántez, la PJ podía tener falencias, pero se debía fortalecer esa institución y dijo que, a esa fecha, había exactamente 6 300 agentes para agilitar y coordinar mejor el trabajo con la Fiscalía. Esto significaba que los 658 fiscales a escala nacional podían contar con tres policías cada uno para investigar los casos.
Decálogo de investigaciones no judiciales
En la edición del suplemento de BLANCO y NEGRO del 28 de noviembre de 2011, se menciona una serie de investigaciones que por sus características se las podría denominar como "no judiciales".
Dos de ellas fueron denunciadas en la publicación del mismo suplemento, del 1.° de junio de 2011, donde se hizo referencia a una investigación, sin autorización de la Fiscalía a jueces, hecha por funcionarios del Ministerio de Justicia, cuando el titular de esta Cartera de Estado era Serrano.
Otra es la investigación que se habría realizado por orden de Serrano a las cuentas bancarias del ex fiscal general Washington Pesántez y del procurador Diego García. Por este hecho, se abrió una indagación que obtuvo finalmente el sobreseimiento provisional de los acusados.
Estos casos de investigaciones que no tienen el aval de la Fiscalía, ni de los jueces, no son nuevos en este Régimen. Los antecedentes datan desde 2009. En junio de ese año, se conoció del registro telegráfico número 2009-0587 J, el que tenía como origen la Dirección Nacional de Operaciones de la Policía y como destinatarios los mandos de las jefaturas y subjefaturas de la Policía Judicial. En el comunicado, se disponía dar cumplimiento al memorando 2009-0943 DGO-PNE, donde se dice: "... mucho agradeceré a usted disponer se realice contrainteligencia a de las actividades de fiscales y jueces...".
Está también el caso de una investigación financiera ordenada supuestamente por el exministro de Seguridad Interna y Externa Miguel Carvajal a las cuentas de Rommy Vallejo y otros oficiales, cosa que el funcionario negó.
Quedan el caso de los "pativideos", la denuncia de Galo Lara, Mario Pazmiño y otros. ... Ver mas |
